LA VERDAD DE LA CRISIS DE LAS BASURAS EN BOGOTÁ

Para entender el momento de dificultad por el que atraviesa la capital de la República, en torno a la problemática de las basuras, es inevitable entender lo ocurrido en la administración del año 2012, el alcalde del momento decidió la estatización del servicio de aseo en la ciudad. A través del Decreto 564 de ese año se planteó que el servicio de aseo fuera prestado por la empresa pública del Acueducto de Bogotá y su filial Aguas de Bogotá. Esto, después de que se plantearan varios reparos por diferentes organismos de control.

A pesar de ser necesario un cambio de esquema para el manejo de las basuras en una ciudad con más de 9 millones de habitantes, el Decreto 564 inicio con el pie izquierdo. Durante la transición la ciudad estuvo llena de basuras durante 3 días, situación que implicó múltiples investigaciones penales, fiscales, administrativas y disciplinarias. Sumado a ésto las entidades del Distrito no contaban con la experiencia y la capacidad para cumplir con la tarea. Y, al parecer, se había violado el derecho de libre competencia para que otras empresas pudieran participar.

Además el Acueducto no podía atender a toda la ciudad, entonces la empresa privada Ciudad Limpia estaría a cargo del 20% del área urbana y el Acueducto del 80% restante. Este último sub-contrató a Aguas de Bogotá para que tomara el control del 52%, lo que implicó que la Superintendencia de Industria y Comercio lo denunciara como una violación a la libre competencia, multando a las entidades públicas con cifras millonarias por haberse apropiado del mercado. Esto se sumó a la compra de 277 vehículos, muchos más de los necesarios para la recolección del 52% de la ciudad, lo que, según la información del gerente García, habían perdido la mitad del patrimonio que era de 15.000 millones de pesos, a diciembre de 2015.

Ésto implicó que, cuando se hicieron públicos los pliegos de licitación en la administración de Peñalosa, Aguas de Bogotá quedó inhabilitada para participar porque tener más de la mitad de su patrimonio comprometido la ponía en la lista de las posibles empresas que se podrían disolver en el futuro. Sin embargo, para mediados de abril del 2017, les permitieron presentar nuevamente sus estados financieros y para entonces Aguas de Bogotá había recuperado su patrimonio y tenía utilidades por 9.300 millones de pesos.

En septiembre del año pasado el Tribunal Superior de Cundinamarca inhabilitó al Acueducto de Bogotá, principal socio de Aguas de Bogotá, porque durante la administración del 2012 se modificaron los estatutos del Acueducto para que pudiera tener dentro de sus misiones ser prestador del servicio de aseo. Como eso debía pasar por el Concejo de Bogotá, se encontró que los estatutos habían sido intervenidos de forma irregular. Al quedarse sin el respaldo del Acueducto, Aguas de Bogotá no logró convencer a ninguna aseguradora para garantizar el cumplimiento del servicio, uno de los requisitos más importantes de la licitación, esta empresa pública quedó maniatada para competir por un lugar en el servicio de aseo de la ciudad.

Lo que nos traé al pasado 1 de febrero cuando, por la no participación de Aguas de Bogotá en el nuevo esquema de aseo, ya adjudicado, cerca de 3.200 trabajadores de Aguas Bogotá entraron en paro. Elemento que es importante destacar, ya que la crisis en la que nos encontramos no responde a la transición al nuevo sistema de aseo de la ciudad, sino al paro de los empelados del actual operador de 12 localidades (52% de la ciudad) hechos vandálicos, sabotaje de vehículos e incluso la agresión al gerente de Aguas Bogotá, Juan Manuel García, por parte de unos pocos agitadores que tomaron vías de hecho.

El mito de que la crisis se debe al nuevo esquema de aseo, está acompañado de otros. Una de las informaciones que no se ha comunicado de una manera apropiada es que el famoso Decreto 564 del 2012, que como ya vimos es germen del problema, dejaba en claro que

La transitoriedad del esquema adoptado en el presente decreto se extiende hasta la fecha en la cual se adjudiquen, mediante licitación pública, contratos de concesión del servicio público de aseo según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 142 de 1994.

Se pensó entonces que el proceso licitatorio podría tomar seis meses máximo, pero tomó cinco años.

Otro mito es que esto implicaba una masacre laboral, aunque no existía ninguna garantía de continuar laborando para los empleados, la administración distrital actual solicito a los nuevos operadores la vinculación de la mayor cantidad de empleados. Sin embargo sólo un poco más de 2800 hojas de vida recibieron los nuevos operadores (ya que algunos de los sindicatos plantearon como opción no enviar las hojas de vida), de las cuales hasta el momento se contrataron más de 400 y continúan en proceso más de 1000.

En resumen:

  • Aguas de Bogotá nunca debió entrar a operar el sistema de aseo de la capital de esa manera.
  • El decreto 564 definió esta operación como temporal, y daría paso a una licitación pública.
  • Las malas decisiones del 2012 impidieron que se presentara Aguas de Bogotá a la nueva licitación.
  • Algunas de las personas que quedarían sin empleo, no se presentaron a las convocatorias de los nuevos operadores por decisión propia.
  • Finamente, la crisis no se debe al nuevo esquema que inicia el 12 de febrero, sino al paro y sabotaje de algunos de los empleados de Aguas de Bogotá.